Madrid y Barcelona, a 30 de septiembre de 2021.

Desde Kifkif y ACATHI, Asociaciones de personas migrantes y refugiadas LGTBI, rechazamos la última Instrucción aprobada por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que deja sin plaza de acogida a los hombres solteros sanos de países con los que España tenga un acuerdo de repatriación como Marruecos, Argelia y Senegal. Ya que no se tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas relacionadas con otros aspectos vitales que requieren de atención especial, pero que, aún así, serán excluidos del sistema acogida. Más preocupante es que no se plantean la evaluación de necesidades específicas o incluso de vulnerabilidad que incluyan a las personas LGTBI.

El Real Decreto 450/2019, de 19 de julio, plantea como elemento central para la acogida humanitaria la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional. Sin embargo, excluir por nacionalidades, edad o salud física trae consigo consecuencias que afectan la acogida humanitaria y no respetan los derechos humanos fundamentales.

El primer elemento que se debe salvaguardar es que las personas entiendan sus posibilidades y derechos. Algunas personas necesitan garantías procedimentales especiales por su edad, género, orientación sexual, identidad de género, diversidad funcional, enfermedad grave, enfermedad mental, consecuencias de torturas, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual. Para ello son amparadas por la directiva de procedimientos. Desafortunadamente, la instrucción presentada estos días atenta con el rol activo de protección propuesto. En consecuencia, los Estados deben esforzarse por identificar a los solicitantes de protección internacional.

Además, normas como la propuesta ponen a España por debajo de los estándares establecidos por la legislación, tanto europea como internacional, sobre derechos humanos y de personas refugiadas. Peor aún, puede traer consigo que posibles solicitantes de asilo LGTBI sean devueltos a países donde existe un riesgo fundado de que puedan sufrir desprotección e incluso peligro de muerte.

Es necesario incidir que, a diferencia de otros Estados miembros de la Unión Europea, España no prevé ningún mecanismo formal de identificación de necesidades específicas de protección para personas solicitantes de asilo.

En cuanto a la identificación de personas LGTBI, son las organizaciones sociales especializadas que en la mayoría de las ocasiones están realizando ese reconocimiento de necesidades específicas de protección de manera “informal” y trasladando esa información a las autoridades competentes, así como a los instructores de la OAR y a la UTS para que se tenga debidamente en cuenta a lo largo del procedimiento de asilo. Esto no es posible si estas personas son devueltas por criterios de edad, sexo y acuerdos de devolución.

Exigimos un servicio garantista de derechos de acceso y asesoría. Para que las personas tengan una protección correcta y no se devuelva a personas que correrían el riesgo de ser perseguidas.

A raíz de lo anterior, hacemos un llamamiento al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en especial, al ministro José Luis Escrivá que derogue la última instrucción aprobada que priva del derecho de acogida humanitaria a personas que huyen por su orientación sexual, identidad de género, enfermedad mental o consecuencias de torturas, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual. Además, exigimos que se trabaje activamente en criterios claros que identifiquen aspectos de vulnerabilidad.

Desde Kifkif y ACATHI trabajamos a diario por los derechos humanos a través de la construcción de puentes interculturales entre el colectivo migrante LGTBI y las administraciones para derribar los muros y discriminaciones que nuestra gente se enfrenta a diario. Por ello, nos oponemos a cualquier forma de exclusión social y reafirmamos nuestras luchas por el reconocimiento de los derechos de todas las personas.

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NoticiasACATHI y Kifkif rechazan la última Instrucción aprobada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones que excluye a personas migrantes LGTBI de su derecho de acogida humanitaria.