Ayer tuvo lugar en el Congreso el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley, impulsada por el PSOE, por la que se modifica el Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas y que incluye nuevamente en el Código Penal la tercería locativa (que el PSOE eliminó en su día con la reforma del año 95), que es castigar a quien destina un inmueble con ánimo de lucro al ejercicio de la prostitución.
Esta toma en consideración salió adelante con los votos a favor del PP y parte del grupo confederal de Unidas Podemos.
El actual Código Penal ya tipifica la persecución del proxenetismo vinculado a la explotación. Lo que incorpora esta nueva proposición de ley es una modificación del artículo 187, desvinculando la persecución del proxenetismo de la explotación y ampliando el tipo penal que lo criminaliza.
Intentar llevar a cabo la abolición de la prostitución por mecanismos punitivistas lo que trae consigo nuevamente es la desprotección y la estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución, teniendo en cuenta además que la prostitución no está regulada en España, y por tanto tampoco definida.
La acciones que sobre la prostitución debemos de tomar no son las del castigo sino la de la protección de las mujeres trans y cis que la ejercen. No se puede entender la abolición si no es teniendo en cuenta sus condiciones materiales. Más allá de posiciones moralistas, lo que empodera en cualquier trabajo remunerado no es el trabajo en sí sino la adquisición de derechos laborales.
Entendemos que un debate tan complejo no puede simplificarse con una mera ley punitivista, que además adolece de carencias técnicas que pueden generar inseguridades jurídicas, racismo, sesgo de clase, refuerzo de los estereotipos de género, etc.
Esto nos preocupa además, especialmente, en contextos de mujeres trans migrantes que ejercen la prostitución y que sufren una doble discriminación y estigmatización; por ser trans y por ser migrantes.
No podemos por tanto mirar hacia un lado cuando a estas mujeres las criminaliza la propia Ley de Extranjería, un agujero legislativo que mantiene a las personas migrantes en situaciones administrativas irregulares sin capacidad para poder ejercer sus derechos civiles y laborales y que son inexistentes para el Estado porque viven en la más absoluta clandestinidad.
Las mujeres trans están además atravesadas por su identidad, por la necesidad de reconocimiento de la misma y por la constante violencia que sufren y que se traduce en precariedad laboral, abuso de sus derechos y peligro para su integridad y seguridad y que sin duda esta nueva proposición de ley agravaría.
Por tanto, las medidas de protección que deben de tomarse para proteger a las mujeres trans y cis en contextos de protitución deben pasar por la derogación de la actual Ley de Extranjería, el acceso a un ingreso o renta universal, la puesta en marca de una ley estatal Trans y la promoción de políticas públicas que protejan y garanticen sus derechos.
Toda medida punitivista fuera de estas acciones no van encaminadas a la abolición de la prostitución sino que criminaliza, censura, persigue y niega el consentimiento a las más vulnerables y a las más necesitadas de derechos.
Si tu entidad quiere adherirse, puede hacerlo aquí.
