El gobierno dio su aprobación a la Ley Trans en la víspera del día de conmemoración del Orgullo LGTBI. Así, la ley continuará su tramitación en el Parlamento justo un año después de haber sido aprobada por el Consejo de Ministros tras un grave desacuerdo entre los socios. La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y de Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI no variará significativamente medidas clave en su lucha histórica, como el derecho de las personas trans a autodeterminar su género y ya no les exigirá declarar que están enfermas para poder cambiar su género legal.
“El Estado les reconoce sus derechos”, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, y explicó que la rectificación se llevará a cabo “en un máximo de cuatro meses” con un sistema de “doble comparecencia”, lo que significa que a los tres meses tendrán que reconfirmar su decisión ante el Registro Civil. La Ministra de Igualdad explicó que el texto se había modificado en lo que respecta a las personas trans extranjeras, que inicialmente estaban excluidas aunque tuvieran papeles o fueran solicitantes de asilo. Por último, añadió que será posible sustituir “los documentos expedidos en España”, siempre que “no se garanticen los derechos en el país de origen”.
La ley permite a las personas trans solicitar cambios en su registro civil sin tener que presentar un informe psicológico o someterse a dos años de terapia hormonal, como exige la legislación actual. Sin embargo, deben reafirmar su estatus al cabo de tres meses. En general, el cambio legal de sexo se reconoce a partir de los 12 años, pero no antes; a partir de los 16 años no hay requisitos; entre los 14 y los 16 años se requiere el consentimiento de un representante legal; y entre los 12 y los 14 años se requiere la aprobación judicial, que se reconoce por etapas.
