El Informe Anual es la publicación que realiza anualmente ILGA-Europa sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, y abarca los acontecimientos ocurridos en Europa y Asia Central entre enero y diciembre de 2021.
El Informe Anual muestra que, en 2021, por un lado, hubo un grave aumento de los discursos anti-LGTBI por parte de los políticos, que han alimentado una ola de violencia que ha dado lugar a un aumento de los delitos de odio anti-LGTBI. Por otro lado, la respuesta a esto ha sido una determinación aliada en muchos países, y a nivel europeo, para combatir el odio y la exclusión de las personas LGTBI.
La difusión de la retórica anti-LGTBI y de exclusión trans descrita en este informe tiene un impacto negativo real en la vida de las personas; afecta negativamente a la salud de las personas, a su acceso al empleo y a su sensación de seguridad.
En este contexto, las instituciones nacionales de derechos humanos y los tribunales de muchos países han empezado a reforzar la labor de protección de los derechos de las personas LGTBI. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2021, dictó varias sentencias positivas sobre delitos de odio, libertad de reunión, reconocimiento legal del género y derechos familiares.
También el Parlamento Europeo adoptó resoluciones sobre los derechos de las personas LGTBI en la UE, proponiendo legislación en varios ámbitos de protección de los derechos de las personas LGTBI y condenando los casos en que los Estados miembros no han respetado la legislación de la UE en relación con los derechos de las personas LGTBI.
En particular, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la perspectiva de género en la crisis del Covid-19 y después de la crisis, adoptada el 21 de enero, en la que se especificaba el impacto negativo de la pandemia y el confinamiento en las personas LGTBI y se destacaba la necesidad de servicios de apoyo para las personas LGTBI, incluido el apoyo a la salud mental, los grupos de apoyo entre iguales y los servicios de apoyo a las víctimas de la violencia de género.
ILGA-Europa muestra además que la situación de las personas LGTBI que solicitan asilo está casi siempre plagada de dificultades e injusticias específicas, aparte de algunos países que ocupan un lugar destacado en el ranking de cambios legislativos positivos. En países como Alemania, Dinamarca, España, Estonia, Francia, Grecia, Malta, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, las personas LGTBI solicitantes de asilo se enfrentan a una gran discriminación.
En España, el Informe Anual muestra que, en 2021, la situación de las personas LGTBI solicitantes de asilo no mejoró. Kifkif, por su parte, alertó sobre la falta de denuncia de las situaciones de discriminación y violencia que sufren las personas LGTBI solicitantes de asilo, la falta de acceso a los servicios sociales y sanitarios y, además, alertó sobre el aumento de las infecciones por VIH entre los solicitantes de asilo trans. En el ámbito de la legislación nacional, Kifkif y muchas otras ONG criticaron el proyecto de ley sobre el reconocimiento legal del género, que no incluye a los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en su ámbito de aplicación.
En el ámbito de la Unión Europea, cabe señalar que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) anunció en julio su intención de elaborar un documento informativo sobre la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales (SOGIESC) en el contexto del asilo.
Por último, el informe pretende mostrar que se han realizado algunos avances a nivel técnico tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo político sobre los elementos clave del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo. Hasta ahora, las únicas excepciones son la Directiva sobre la tarjeta azul de la UE y el Reglamento de la Agencia de Asilo de la UE, que se adoptaron en octubre y diciembre, respectivamente.
