Desde Kifkif instamos a las instituciones a seguir trabajando por mejorar las condiciones de acogida de personas refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI, además de recordar la urgencia de corregir medidas extraordinarias por la crisis de Covid19, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuyo alcance deja fuera a las personas solicitantes de asilo LGTBI, uno de los colectivos que más ha visto agravada su situación estos meses.
Con motivo del Día Internacional del Refugiado, desde Kifkif, Asociación de Refugiados y Migrantes LGTBI, denunciamos que el Ingreso Mínimo Vital, medida de reciente aprobación por el Congreso de los Diputados, requiere de una serie de condiciones que imposibilita dar cobertura a refugiados y solicitantes de asilo LGTBI a pesar de encontrarse en situaciones de extrema vulnerabilidad al sufrir las peores consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID19.
Esto se suma a las cerca de 900.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular y que, por consiguiente, tampoco pueden adherirse ni a esta ni a ninguna otra ayuda social y económica. Además de ampliar la desigualdad social, esta práctica es contradictoria con el compromiso inicial de no “dejar a nadie atrás”, lo que evidencia que hay ciudadanos de primera y de segunda según su situación administrativa. En un momento en el que Acnur ha registrado un nuevo máximo histórico: 79,5 millones de desplazados forzosos entre 2010 y 2019.
Un dato que no especifica quienes huyen de sus países por amenazas y persecuciones por su orientación o identidad de género, con lo que urge una Ley de Asilo que recoja la realidad LGTBI+ e incluya protocolos y medidas que permitan atender de manera adecuada y reflejar el número de personas que huyen de sus países de origen debido a que la LGTBIfobia pone en riesgo sus vidas. Un compromiso que mide el avance de los países en materia de derechos humanos y que debe asumir España.
En la actualidad, 72 países persiguen y maltratan al colectivo LGTBI y, algunos de ellos, implantan la pena capital. Respecto a España, a pesar de ser un país seguro, siguen existiendo trabas administrativas, sociales, laborales y sanitarias.
Urge la apertura de recursos alojativos y plazas de acogida específicas para personas solicitantes de asilo LGTBI que se encuentran en situación de calle, donde se asegure una pernoctación a salvo de agresiones racistas, lgtbifóbicas y machistas que, lamentablemente, siguen reportándose a diario.
Cuando una persona inicia un proceso de protección internacional por su orientación sexual o identidad género se enfrenta a un procedimiento extenso, personal, con desconocimiento en diversidades culturales y realidades LGTBI, dificultades en la interpretación de las historias de vida en las entrevistas y valoraciones morales de las solicitudes, así como discriminaciones LGTBIfóbicas por parte de traductores procedentes, sobretodo, de la región MENA –Oriente Medio y Norte de África-.
Sólo en 2019 se recibieron un total de 118.264 solicitudes de asilo, lo que supone más del doble que el año anterior. Un 25 % del total de estas solicitudes se produjeron por parte de personas LGTBI que huían de situaciones de violencia, tal y como reflejan los cálculos que manejamos las asociaciones en relación a la labor social que desempeñamos, ya que no contamos con datos oficiales.
Por ello, es necesario que las administraciones públicas activen un protocolo de atención para personas LGTBI solicitantes de protección internacional. La formación y capacitación del personal del sistema de acogida de asilo es esencial para garantizar una adecuada atención a las realidades LGTBI y así evitar posibles situaciones de discriminación, vulneración de derechos y revictimización como las que, por desgracia, conocemos cada día. Se trata de todo un compilado de medidas destinadas a salvaguardar la dignidad y facilitar el proceso de emancipación de las personas LGTBI solicitantes de asilo en las que Kifkif lleva largo tiempo colaborando para poner en marcha junto a organizaciones del tercer sector y administraciones públicas.
En el terreno laboral, la situación de las personas solicitantes de protección internacional LGTBI se ha agravado a raíz del Coronavirus al no contar con trabajos formales, no estar dados de alta en la Seguridad Social y partir ya de situaciones precarias. Las situaciones económicas de las personas solicitantes de protección internacional LGTBI son mucho más desfavorables en el caso de las mujeres LTB, especialmente para las mujeres trans. Por ello, urge establecer ayudas inclusivas para cualquier persona, con independencia de su situación administrativa, orientación sexual, identidad de género, como lugar de procedencia.
El presidente de Kifkif, Samir Bargachi, recuerda que “es especialmente alarmante que las personas solicitantes de protección internacional LGTBI hayan sido invisibilizadas en las medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia, cuando ni siquiera se encuentran en disposición de poder relatar su propia historia”, en un momento en el que una parte de la sociedad española todavía no ha superado el racismo, la lgtbifobia y el machismo. “Exigimos que se revierta de manera inmediata esta situación discriminatoria y se active un proceso de regularización administrativa generalizado que acabe con la situación de desigualdad para que todas las personas migrantes LGTBI, tanto solicitantes de protección internacional como en situación administrativa irregular, puedan ver garantizadas unas condiciones de vida dignas”, aseveraba Bargachi.
Desde Kifkif hemos gestionado en estos últimos meses una creciente demanda de nuestros servicios por parte de personas demandantes de asilo LGTBI para cubrir necesidades y productos tan básicos como alimentos, fármacos o de higiene personal, sobretodo por parte de las Mujeres LTB a las que atendemos en nuestro Banco de Alimentos. Conjuntamente, han aumentado las peticiones para recursos alojativos de emergencia, en relación a la situación de calle activa o inminente y a la precariedad económica.
En este período hemos visto como el movimiento transversal #BlackLivesMatters, ha resurgido con fuerza. En nuestro caso, las discriminaciones y agresiones raciales se unen a las que vivimos por nuestra orientación sexual e identidad de género. En declaraciones de Javier Navarro, Director de Kifkif, “destacamos la imperiosa necesidad de disponer de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que proteja y dé cobertura integral frente a los ataques racistas, xenófobos, machistas y LGTBIfóbicos. Una herramienta transversal que sea efectiva en la defensa de libertades y protección de derechos de solicitantes de protección internacional y refugiados LGTBI”.
Este 20J reivindicamos también que es el momento de tender puentes que refuercen la alianza de la lucha trans, el feminismo y el antirracismo para superar estas brechas. Las mujeres trans son mujeres y deben tener los mismos derechos. A modo de ejemplo, derivado de la crisis social de la COVID19 hemos atendido a una mujer solicitante de protección internacional trans a la que se le ha rechazado la activación del protocolo de violencia de género a su maltratador al tener el “sexo masculino” en su documentación.
Lamentablemente este episodio no es aislado, ya que las personas trans viven en una continua discriminación institucional que no cambiará hasta dar con una la Ley Trans inclusiva y que permita la modificación de nombre y sexo sin informes médicos previos.
