La situación de las personas LGTBI solicitantes de asilo en varios países de Europa está plagada de dificultades y muchas se enfrentan a una doble discriminación, según advierte un nuevo informe.
Se enfrentan a “dificultades e injusticias específicas” incluso en los países que ocupan los primeros puestos en cuanto a cambios legislativos positivos en materia LGTBI, según un estudio anual de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA).
ILGA- Europa afirma que las personas LGTBI que solicitan asilo se enfrentan a una doble discriminación en Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Malta, Países Bajos, Portugal, España y Reino Unido.
En Dinamarca, los activistas han documentado casos de solicitantes de asilo trans que no tienen acceso a la asistencia sanitaria específica para personas trans o que sufren acoso, mientras que las ONG de España han advertido de que no se denuncian la discriminación y la violencia que sufren las personas LGTBI solicitantes de asilo, como la falta de acceso a los servicios sociales y sanitarios.
Alemania fue señalada por “la práctica insegura de investigar a los solicitantes de asilo en sus países de origen y sacarlos a la luz”.
Varios países, entre ellos Francia, Malta y Grecia, fueron denunciados por añadir naciones -que algunos consideran inseguras para las personas LGTBI- a la lista de “países seguros” a los que se puede devolver a los solicitantes de asilo si no se aceptan sus solicitudes.
Grecia considera ahora que Turquía es un país seguro para los solicitantes de asilo LGTBI, pero ILGA-Europa lo sitúa entre los tres peores países de Europa en cuanto a derechos y protección de las personas LGTBQI+.
El Consejo de Estado de Francia, que actúa como tribunal administrativo supremo, dictaminó en marzo que los solicitantes de asilo LGTBQI+ procedentes de un país que criminaliza o persigue a las personas LGTBQI+ no deben recibir automáticamente el estatuto de refugiado.
Malta y Suecia han sido señaladas por sus nuevas políticas que dificultan que los solicitantes de asilo busquen trabajo o se establezcan de forma permanente, la isla mediterránea no permite que los solicitantes de asilo de “países seguros” trabajen en los primeros nueve meses tras su llegada, mientras que el país escandinavo aprobó una nueva normativa que hace que los permisos de residencia temporal sean los predeterminados para los refugiados y dificulta considerablemente la obtención de la residencia permanente en el país.
“Está en juego la vida de personas reales”.
En general, el informe advierte que en 2021 se ha producido un aumento de la retórica oficial anti-LGTBI que ha alimentado una oleada de delitos de odio en todos los países de Europa, y no sólo en Hungría y Polonia, que han sido reprendidos por Bruselas por determinadas legislaciones o por las llamadas “zonas libres de LGTBI”.
ILGA-Europa ha señalado, sin embargo, que un “punto especialmente bajo” se produjo el 15 de julio, cuando Hungría introdujo una legislación que prohíbe “la presentación y promoción de la identidad de género diferente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo y la homosexualidad” para los menores de 18 años.
En Alemania, mientras tanto, se ha producido un aumento del 39% en los delitos de odio contra el colectivo LGTBI, y en Francia una nueva aplicación en la que las personas usuarias pueden denunciar los delitos de odio contra el colectivo LGTBI, ha recogido informes de 3.896 incidentes en su primer año, ha dicho también ILGA-Europa.
“La difusión de la retórica anti-LGTBI y la exclusión de las personas trans descrita en este informe tiene un impacto negativo muy real en la vida de las personas”. En un país tras otro, vemos que afecta negativamente a la salud mental y a la sensación de seguridad de las personas, a su acceso al empleo y a su capacidad general de progresar en la tan necesaria protección legal”, ha declarado Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, en un comunicado.
“En este momento, es esencial que recordemos a los políticos, a los medios de comunicación, a los académicos y, tristemente, incluso a algunos actores de la sociedad civil, que las vidas de personas reales están en juego en todos los países de la región, debido a la utilización de las personas LGTBI como chivos expiatorios políticos”, añadió.
“Determinación aliada” contra las políticas anti-LGTBI.
Pero en una nota más positiva, el informe también destaca que, aunque el uso de la retórica anti-LGTBI y los delitos de odio van en aumento, se ven cada vez más desafiados por una creciente voluntad institucional de luchar contra el odio y la exclusión, especialmente por parte del poder judicial y las instituciones de la Unión Europea.
Acogió con satisfacción las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre delitos de odio, libertad de reunión, LGR y derechos de la familia, una resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos LGTBIQ en la UE, así como la decisión de la Comisión Europea de abrir procedimientos de infracción “históricos” contra Hungría y Polonia.
“Este informe es la crónica de un año sin precedentes en Europa, en el que las instituciones y los tribunales regionales y nacionales han asumido sus obligaciones en materia de derechos humanos de las personas LGTBI con la máxima gravedad en medio de la escalada, ahora muy clara, de la instrumentalización del odio contra las personas LGTBI para obtener beneficios políticos y ampliar el poder”, declaró Katrin Hugendubel, Directora de Incidencia Política de ILGA-Europa.
“El avance de la utilización del odio hacia cualquier minoría como herramienta para obtener beneficios políticos, que hemos visto a lo largo de la historia, debe abordarse y detenerse con determinación aliada en toda la región”, subrayó.
Además, se señaló que, aunque los funcionarios utilizan cada vez más la retórica anti-LGTBI, existe una desconexión con la opinión pública.
Una encuesta de Amnistía Internacional informó, por ejemplo, de que casi tres cuartas partes de los húngaros rechazan la información errónea del gobierno de que los gays y las lesbianas abusan de los niños o les hacen daño, mientras que el 59% apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En Serbia, el 60% de la gente piensa que hay que proteger a las personas trans, mientras que más de dos tercios de los rumanos creen que hay que proteger a todas las familias, incluidas las familias arco iris.
