Rights International Spain llevó al Congreso, el 23 de diciembre, las conclusiones del análisis de los elementos clave del proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, utilizando la herramienta del cuestionario EDIRE.
El 23 de diciembre, Rights International Spain registró en el Congreso las conclusiones sobre el análisis a los elementos clave del proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a través del cuestionario EDIRE.
Esta evaluación fue realizada entre septiembre y noviembre de 2021, a través de un grupo de trabajo coordinado por Rights International Spain y formado por la Asociación Musulmana de Derechos Humanos, Juristas Gitanos, Kifkif, Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente, SOS Racismo Bizkaia, Asociación de Mujeres de Guatemala, Antirracismo Asiático y el Comité de Emergencia Antirracista.
Aunque el plazo para proponer enmiendas al proyecto de ley ya ha pasado, creemos que las conclusiones extraídas de este revelador análisis deben ser puestas en conocimiento de las administraciones competentes para que las tengan en cuenta en la siguiente fase del proceso parlamentario.
El análisis ha demostrado que todavía hay margen de mejora en cuanto a la igualdad racial. El proyecto de ley no profundiza en las causas de la desigualdad racial, ni menciona la discriminación institucional. Tampoco tiene en cuenta todos los grupos y características afectados por la discriminación y no trata suficientemente la discriminación interseccional.
Las personas en situación administrativa irregular y los menores extranjeros no acompañados siguen estando desprotegidos en el proyecto de ley, a pesar de encontrarse en una situación más vulnerable. De nuevo, no se les tiene en cuenta en este proyecto de ley.
Hay que recordar que el fin del uso de perfiles étnicos y raciales por parte de la policía en relación con la seguridad pública es una cuestión preocupante, así como el pleno cumplimiento de las recomendaciones y normas internacionales y europeas en este ámbito. Asimismo, las medidas sobre el acceso a la vivienda son demasiado generales y deben ser más específicas.
En cuanto a la propuesta de creación de un mecanismo de seguimiento independiente, es importante subrayar la preocupación por la eficacia de las reiteradas recomendaciones de los distintos organismos europeos e internacionales que se han hecho en relación con el actual organismo nacional de lucha contra la discriminación (el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica).
Asimismo, subraya la importancia de un enfoque serio y eficaz de la educación de la juventud y de la formación de los profesionales en los distintos ámbitos, promoviendo actividades de sensibilización destinadas, en particular, a promover los valores de la igualdad, la diversidad y la inclusión, en un marco educativo global sobre los valores constitucionales y los derechos y deberes de la ciudadanía.
En sus conclusiones, el Grupo de Trabajo también expresa su preocupación y protesta por la falta de participación social real y efectiva durante la elaboración de esta legislación. Y concluye que aprobar el proyecto de ley en su redacción actual, sin tener en cuenta los problemas aquí mencionados, supondría una gran oportunidad perdida en la lucha contra todas las formas de discriminación en España.
