España ocupa el puesto 11 en el ranking anual de ILGA-Europa sobre la situación legal y política de las personas LGTBI en 49 países europeos. Que haya diez países por delante no es bueno, pero es aún peor que España haya caído cuatro puntos en el ranking en un año -en 2020 y en 2021 estaba en el sexto lugar- y nueve en once años -en 2011 en el segundo lugar-.
La propia ILGA-Europa ha lamentado en su comunicado que “el avance de los derechos del colectivo en el territorio español se está ralentizando”, siguiendo la “tendencia a la baja” que “se ha producido en años anteriores”.
Desde FELGTBI+, que ha aportado su colaboración en la elaboración de este documento, se ha añadido a la valoración que esto es “especialmente grave” si se tiene en cuenta que “España siempre ha sido un referente en derechos LGTBI+”. “Esto supone una llamada de atención para seguir dando pasos adelante y no estancarse en el pasado”, han añadido en un comunicado.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene durante la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Senado. Irene Montero cree que la “ley trans” llegará al Congreso antes del verano.
Según señala el informe, algunos de los criterios que rebajan la puntuación de España son el no reconocimiento de las personas no binarias y la autodeterminación, así como la exigencia de un diagnóstico de trastorno de identidad de género y la obligatoriedad de la intervención médica para las personas trans, lo que “implica que se siga considerando una patología médica/psicológica.”
La aprobación de la Ley Estatal Trans y LGTBI se considera clave para que España vuelva a avanzar.
Asimismo, el informe detecta necesidades de mejora, como la prohibición a nivel estatal de las terapias de conversión y la puesta en marcha de políticas públicas de asilo que contengan una mención expresa a todos los motivos (orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales). Además de la desigualdad legislativa entre territorios.
En este ámbito, el del asilo, España también se encuentra en una posición a la baja. Los datos del informe fueron proporcionados, en su mayoría, por Kifkif.
Debido a estos fallos, se considera clave la aprobación de la Ley Estatal Trans y LGTBI. Así, Óscar Rodríguez, portavoz de FELGTB, defiende que “aprobar una legislación de ámbito estatal volvería a situar a España entre los países más avanzados en derechos LGTBI+ y reduciría las asimetrías entre los territorios del Estado”. “Al mismo tiempo, estaríamos cumpliendo con las recomendaciones de la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBI 2020-2025 de la Comisión Europea. Los avances en las políticas de igualdad suponen siempre una mejora de la calidad democrática”, añade.
Malta lidera la clasificación
Por otro lado, la entidad europea ha destacado muy buenas prácticas, señalando en primer lugar que Malta vuelve a liderar el ranking.
Además, celebran que Dinamarca haya subido siete puntos en un año por su nueva legislación y destacan a Islandia por su reconocimiento legislativo de la paternidad trans, entre otras cosas, a Alemania por prohibir la mutilación genital intersexual o a Francia por prohibir en el último año las llamadas “terapias de conversión”.
Además, han señalado que, tras “años de estancamiento”, se ha producido un “movimiento legislativo positivo” en Grecia, Letonia, Lituania, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia, lo que, en su opinión, deja en entredicho “la narrativa de que existe una división Este/Oeste sobre los derechos LGTBI en Europa”.
