ARTÍCULO 5. PERIODISMO DE DATOS: MIGRANTES LGTBI
Lamentablemente, en la actualidad no disponemos de datos concretos y exactos sobre el número de personas solicitantes de asilo por motivos LGTBI y/o identidad de género que piden protección internacional en nuestro país, sino que están englobados de forma genérica. En este sentido sabemos que en 2019 fueron más de 118.264 personas las que solicitaron asilo en este país, lo que supone un incremento del 118% respecto a un año anterior, cuando la cifra era de 55.749, tal y como recoge el diario infoLibre.
Pese al incremento del dato, todavía se sigue desconociendo cuántas personas buscaban protección internacional por ser LGTBI, un tema peligroso si se tiene en cuenta que, aquello de lo que no se habla, tiende a no existir o a desaparecer. Y la realidad es que siguen habiendo 71 países que penalizan al colectivo con amenazas y acosos. Además, también nos indica que no existen protocolos de actuación para las personas que se ven forzadas a huir de sus países de origen por su orientación sexual y/o identidad de género. En algunos trámites del proceso de asilo, determinante para conceder el estatus de refugiado, no existe formación por parte del personal funcionariado que se encarga de realizar las entrevistas a los solicitantes.
Es fácil encontrarse con preguntas que, por cierto, determinan el proceso, tales como colores de la bandera arcoíris, cultura de términos LGTBI o prácticas íntimas. Esto, que puede parecer un tema básico en algunos países occidentales, resulta incomprensible para alguien que viene de Irán, Tayikistán o El Salvador. El proceso lo tienen que pasar por igual todas aquellas personas que requieran asilo por su orientación. Resulta incomprensible que este procedimiento también sirva para un hombre trans de Venezuela, que conoció su realidad e identidad gracias a personas de su entorno que habían viajado a España, o para una mujer lesbiana de Irán, que nunca escuchó ni encontró información acerca del colectivo LGTBI porque está perseguido por la policía de la moral del régimen ayatolá. Ambos perfiles descubrieron su realidad cuando salieron de sus respectivos países, algo que suele ocurrir con las personas refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI.
Para que nos hagamos una idea del panorama actual, existen en la actualidad 71 países que penalizan al colectivo LGTBI, algunos de ellos con la muerte. La realidad que recibimos a diario en Kifkif es la siguiente:
-400 personas LGTBI asesinadas en Honduras desde el año 2009.
-600 personas LGTBI asesinadas en El Salvador desde 1993.
-74 latigazos en Irán a una mujer por besar a otra.
-Torturas y penas de cárcel en Marruecos por una reunión LGTBI.
Todo ello, contando que los registros son “oficiales” en países donde las estructuras carecen de procedimientos actualizados y donde los datos nacen de los colectivos LGTBI que se juegan la vida por la lucha y la visibilidad de la comunidad. No recogen la realidad de cada país. Las voces del poder de Colombia siguen rechazando que exista la LGTBIfobia en todas las capas del país, lo que resulta contradictorio si se escucha a una persona LGTBI que ha tenido que salir del país para no morir asesinada. Además, Colombia es uno de los tres países con más violencia hacia colectivo, según los datos que parten de las organizaciones civiles. Sólo en 2019, por ejemplo, el primer país de origen de las personas solicitantes de asilo que requirieron atención en Kifkif fue Colombia.
Por otro lado, los datos que se muestran tampoco son reales debido a que no recogen a aquellos desaparecidos y/o secuestrados por el régimen, las fuerzas de seguridad, las pandillas, bandas terroristas, o incluso familias.
Lo mismo ocurre en España con las denuncias emitidas por agresiones LGTBIfóbicas, puesto que los registros oficiales sólo recogen aquellos que han sido capaces de denunciar al agresor o agresores. Los Mossos d’Esquadra –cuerpo de seguridad de la Generalitat de Catalunya- alertaron de un aumento del 50 % de los delitos de odio hacia las personas LGTBI en 2019. Además, la mitad de las personas encuestadas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea mostraron sentir miedo si se cogían de la mano con su pareja, por las consecuencias que una muestra de amor pudiera conllevar.
La comunidad LGTBI española recibe más acoso que la media europea: 4 de cada 10 personas reconocen haber sufrido agresiones o palizas por su orientación. Es importante que los medios de comunicación se sitúen al lado de los derechos humanos, usando el lenguaje apropiado e inclusivo para hacer frente a las agresiones y delitos de odio. Es el momento de dejar de hablar de “travestis”, en alusión a las personas trans, reflejar y ser cuidadosos con las identidades y orientaciones de las personas; ya no existe el “colectivo gay”, es el colectivo LGTBI, amplio y diverso; “migrantes ilegales” o “migrantes sin papeles”, son personas y tienen una historia. Son migrantes.
Sobre esto último hay que remarcar que más del 85 % de las personas trans se encuentran en situación de desempleo, debido a la gran discriminación laboral que enfrentan. Un número que se eleva en el caso de las personas trans migrantes. Por otro lado, las personas en situación administrativa irregular se encuentran en una continua situación de vulnerabilidad e incertidumbre sobre su futuro más próximo. Muchos de ellos logran sobrevivir con trabajos informales, sin cotizar a la Seguridad Social, sin derecho a ayudas y servicios públicos, con jornadas interminables en empleos donde se aprovechan de su situación. Todo ello para lograr salarios muy por debajo de lo que establece el SMI -950 euros mensuales-.
