La modificación de la actual Ley de Asilo o la eliminación de la excepción del Tratado de Schengen en Ceuta y Melilla, dos medidas imprescindibles que no se lograrán a corto plazo. La noticia de una propuesta del Gobierno para modificar la ley nos alarma, por sus efectos perjudiciales para las personas LGTBI obligadas a huir.
El mayor problema para el gobierno de una inminente apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla es la Ley de Asilo, y en concreto la reciente doctrina del Tribunal Supremo, según la cual toda persona que solicite esta medida de protección tiene derecho a la libre circulación por todo el territorio español y sus movimientos hacia Ceuta o Melilla no pueden ser limitados una vez admitida a trámite su solicitud. Esto abriría la puerta a que todas aquellas personas marroquíes que entren en Ceuta y Melilla sin visado (debido a la excepcionalidad Schengen para los residentes en Tetuán en el caso de Ceuta y Nador en el caso de Melilla) y pidan asilo, puedan acceder a la Península, aunque su petición no sea admitida.
El ejemplo perfecto es lo que ocurrió tras los sucesos fronterizos en el Tarajal el 17 y 18 de mayo. Desde la fecha en que se produjeron las entradas masivas por la frontera, el Gobierno ha atendido hasta miles de solicitudes de asilo de migrantes marroquíes entre ambas ciudades autónomas. “Miles de marroquíes que pueden entrar en Melilla desde Nador y también en Ceuta desde la provincia de Tetuán sólo con un pasaporte podrían ya pedir asilo”, advierten en este sentido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La práctica ha demostrado que la mayoría de las 6.500 solicitudes de asilo registradas en Melilla y Ceuta en 2021 son de ciudadanos marroquíes.
En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja desde hace meses en la modificación de la Ley de Asilo para que las solicitudes presentadas en Melilla y Ceuta se tramiten y resuelvan en un plazo máximo de 10 días, “con el objetivo de devolver rápidamente a Marruecos a todos aquellos a los que se les deniegue la protección”.
“El plan, en el que se ha estado trabajando con vistas a la reapertura de las fronteras con Marruecos, requiere una modificación de la ley de asilo y un despliegue de infraestructuras para retener a los solicitantes mientras se estudia su petición”. “Pero que funcione depende, sobre todo, de que Rabat acepte la devolución de todos los rechazados al ser denegada su solicitud, la más complicada de las tareas”, informó El País citando fuentes del gobierno español.
Según las mismas fuentes, los solicitantes están retenidos en espacios cerrados. Si la solicitud es admitida a trámite, el solicitante puede esperar el resultado en libertad y con la posibilidad de moverse por todo el territorio español. Pero si es rechazada, la ley prevé su devolución inmediata al país de origen o de tránsito (Marruecos). El grupo de trabajo encargado de esta tarea está formado por cuatro ministerios del Ejecutivo español, y en ningún caso su consecución será inminente.
Desde Kifkif seguimos con mucho detenimiento toda la información que nos llega sobre este aspecto. Nos preocupa cualquier cambio en la Ley de Asilo que pueda impedir a las personas LGTBI obligadas a huir el acceso a la protección internacional.
