El documento de enmiendas a la Ley Trans que ha propuesto el PSOE supone un nuevo retroceso para los derechos del colectivo. Esta vez, y aunque ha pasado desapercibido, también atañe a las personas trans migrantes.
El PSOE propone que el cambio relativo a la identidad de género de las personas trans migrantes dependa del informe de los consulados de los países de origen en España, dificultando al máximo su curso. Pretenden que el cambio de nuestros nombres e identidades dependa de un informe que envíen nuestros países, los países de los que huímos, los países que nos persiguen, nos criminalizan, nos matan. Quieren que nuestros derechos sigan en manos de los países que nunca nos garantizaron el reconocimiento y la protección que merecemos.
En la redacción actual del anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, el artículo 45 dice que serán las embajadas y consulados españoles en esos países de origen los encargados de recabar la información disponible sobre los impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo la rectificación registral a quienes acrediten imposibilidad legal o de hecho.
Esto ya nos planteaba serias dudas acerca de la acreditación: porque el procedimiento en ese país de origen fuera tan complicado y costoso que no estuviera al alcance de cualquiera; porque la rectificación se hubiera defendido ante los tribunales consiguiendo la misma pero teniendo un carácter anecdótico; porque la situación de violencia hacia las personas trans en el país de origen pudiera poner en riesgo sus vidas e integridad física.
Sin embargo, el PSOE, en una vuelta de tuerca, nos plantea un nuevo retroceso en nuestros derechos como personas trans migrantes. ¿Cómo lo hace? Que esa petición de información no se haga a la representación de España en el extranjero, sino al consulado de ese país en España.
¿Cómo de fiable puede ser un informe de un país que, acreditando que el cambio registral está permitido, este procedimiento no cumple con todas las garantías jurídicas para poder llevarse a cabo? ¿de qué sirve que el cambio registral esté permitido si ese procedimiento es complicado o inaccesible en la práctica?
No parece razonable que se solicite a la representación diplomática de un tercer país en España que declare formalmente que su propio país no garantiza derechos y protección a las personas trans y aún menos que acredite la persecución y criminalización de las mismas.
Si tal y como justifica el PSOE, los consulados españoles vendrían a realizar tareas que no tienen encomendadas, debería ser el Ministerio de Asuntos Exteriores el que incorporase en sus fichas de países esta información, siendo además muy útiles los informes emitidos por organismos y entidades internacionales sobre la materia, o qué menos, otorgar el beneficio de la duda a la persona solicitante de la rectificación registral.
Es decir, existen medios más que suficientes y garantistas para no arrojar a las personas trans migrantes al foso de la invisibilidad, mantenernos en un estado de no-derechos no permitiéndonos ser ciudadanía de pleno derecho y soportando un doble estigma: por ser trans y por ser migrantes.
Apelamos a todas los grupos parlamentarios a que no sean cómplices de esta ignominia, a que no apoyen estos postulados racistas que nos mantienen vulnerables y desprotegidas. Exigimos una ley trans que garantice nuestros derechos y que nos permita vivir con la dignidad que merecemos. Aún estamos a tiempo de hacerlo.
