Un nuevo informe revela los numerosos desafíos, incluyendo a funcionarios estatales homófobos y xenófobos, a los que se enfrentan las personas solicitantes de protección internacional LGTBI+ que han huido a Sudáfrica.
Titulada “La Voz: Experiencias de vida de refugiados y solicitantes de asilo LGTBI+ en Sudáfrica” la investigación fue publicada por la ONG Access Chapter 2.
El informe se realizó entre octubre y noviembre de 2018 sobre 50 personas LGTBI+ migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional. En concreto se entrevistaron 21 hombres gays, 10 mujeres lesbianas, 15 personas bisexuales y 4 personas trans.
Una de las principales preocupaciones de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional LGTBI+, es la dificultad de adquirir documentación legal del Ministerio de Interior. Sin dicho documento es imposible trabajar, estudiar o abrir una cuenta bancaria.
Como revela el estudio, obtener el estatuto de refugiado en Sudáfrica es notoriamente difícil para los solicitantes LGTBI+. Entre los importantes desafíos citados se encuentran el complejo burocrático y el proceso abusivo al que se enfrentan las personas a la hora de dirigirse a los Centros de Acogida al Refugiado, incluido el hecho de “ser desplazados de un sitio a otro”.
Más de la mitad de las personas entrevistadas (56%) declara no haberse sentido seguras en estos centros, algunos habiendo llegado icluso a ser víctima de delitos de odio dentro y fuera de dichas instalaciones.
El 86% de las personas entrevistadas dijeron que los funcionarios de los Centros de Acogida les habían pedido que “dieran prueba” de su orientación sexual. Sin embargo, esto es complicado y a menudo es la condición por la que rechazan la mayoría de solicitudes.
Un ejemplo reciente es el del keniata George Barasa a quien, a pesar de ser un conocido activista LGTBI+, se le negó protección internacional porque los funcionarios concluyeron en un informe desafortunado que mentía sobre su sexualidad.
En el caso del zambiano Anold Mulaisho, los funcionarios del Ministerio del Interior se rieron de él además de rechazar su solicitud. El Ministerio, tras una serie de razones sin sentido, afirmó que él no podía ser gay porque de niño prefería jugar con las chicas.
Las personas solicitantes están traumatizadas, intimidadas y humilladas
“La mayoría de los participantes declaran de haberse sentido intimidados y personalmente violados al pedirles que presentaran pruebas de su sexualidad, lo cual es prácticamente imposible de hacer” dice el informe. “Además, los participantes informaron de que el proceso de entrevistas para la obtención de la documentación legal es traumatizante, intimidatorio y a veces humillante, por lo que dificulta volver a intentarlo mediante un proceso de apelación”.
Una pequeña mayoría de las personas entrevistadas (52%) recibió un documento de asilo temporal de la sección 22. Este documento resulta ser insuficiente a la hora de abrir una cuenta bancaria, estudiar o tener un contrato de trabajo, ya que expira después de seis meses. Los resultados relevaron que el 80% de las personas encuestadas estaban desempleadas.
Solo uno de los solicitantes recibió el estatus de refugiado a través del que se garantiza la residencia permanente, mientras que otros cuatro recibieron visado de estudiante. A un numero significativo (36%) no se les aseguró ninguna documentación.
“Nos tratan como criminales”- dijo recientemente Barasa en MambaOnline. “Admiten descaradamente que son xenófobos. Esto es algo que pasa a menudo entre los funcionarios del Departamento del Interior. También me he enfrentado a la homofobia de otras personas refugiadas provenientes de otros países notoriamente homófobos”.
El 60% de las personas entrevistadas declara haber sufrido ataques xenófobos violentos, y muchas de ellas se enfrenaron a discriminación debido a su orientación sexual, identidad de género, origen y etnia.
Irónicamente, casi todas las personas encuestadas (96%) eligieron Sudáfrica como destino de acogida debido a las protecciones legales y constitucionales que dice ofrecer.
La atención a la salud era otro obstáculo para las personas entrevistadas, ya que el 60% no podía acceder a la atención sanitaria por falta de documentación. Muchas entre ellas (20%) admitieron que tenían que mentir diciendo haber “olvidado” los documentos para poder acceder a los servicios sanitarios.
Access Chapter 2 dijo que existe una necesidad urgente de que las partes interesadas trabajen juntas para resolver los problemas,tanto físicos como psicológicos, a los que se enfrenan las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional LGTBI+.
Una recomendación clave del informe es que los funcionarios estatales sean sensibilizados y capacitados para atender a las personas solicitantes LGTBI+ y que se responsabilicen de sus acciones.
Según la organización, “la obligación del Estado es la de proteger, promover y cumplir con los derechos humanos de toda persona por motivos de raza, origen, sexo, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual y, entre otros, defenderlos a través de la integridad y dignidad para garantizar que los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional no se vean comprometidos”.
Fuente: Elaboración propia ( Kifkif )
Referencias: Estudio “The Voice: Life experiences of LGBTI refugees and asylum seekers in South Africa” (2019), Access Chapter.
