Varias personas se reunieron este martes en la plaza Pedro Zerolo de Madrid para protestar contra el plan del gobierno británico de deportar a las personas refugiadas a Ruanda.
Hoy ha sido el primer día en que los primeros refugiados han embarcado en vuelos hacia el país centroafricano, y la protesta ha sido una de las varias que se están llevando a cabo en el Reino Unido y en todo el mundo, en un momento en el que se han presentado nuevos desafíos legales después de que el Tribunal Superior dictaminara ayer lunes que los vuelos pueden realizarse.
Durante la concentración, miembros de la comunidad de personas refugiadas LGTBI de Madrid hablaron de sus propias experiencias y expresaron que sus corazones estaban “rotos por esta nueva y racista política”.
La concentración fue convocada por Kifkif y ACATHI y contó con el apoyo de varios colectivos sociales.
Manifiesto
El primer ministro Boris Johnson anunció el pasado 14 de abril planes para que el Reino Unido “deslocalice” a muchas personas solicitantes de asilo a centros de tramitación en Ruanda.
Desde KIFKIF y ACATHI, nos unimos a la denuncia de organizaciones de Derechos Humanos y LGBTI+ del Reino Unido, manifestando que:
Enviar a personas que buscan asilo a Ruanda causará un sufrimiento inmenso y las más vulnerables serán las más afectadas. Esta es una forma vergonzosamente cruel de tratar a las personas que han llegado a Reino Unido en busca de protección, huyendo de la persecución y/o conflicto.
La propuesta se basan en la política de procesamiento extraterritorial operada por el gobierno australiano en Papúa Nueva Guinea y Nauru, en la que el reasentamiento era esencialmente imposible y que fue condenada internacionalmente por dar como resultado el trato cruel, inhumano y degradante de las personas refugiadas.
Esta concentración se realiza hoy ya que la Ministra de Interior del Reino Unido anunció que los primeros vuelos de deportación a Ruanda comenzarán el 14 de junio.
Se estima que más de 100 solicitantes de asilo que llegaron durante el último mes han sido notificados de su expulsión inminente del Reino Unido.
Ruanda tiene un historial pobre en materia de derechos humanos. Su gobierno persigue a periodistas independientes y a los partidos de oposición, y lleva a cabo amenazas y asesinatos de personas que han huido del país.
Solo el año pasado, en la ONU, el propio gobierno del Reino Unido exigió “investigaciones sobre presuntos asesinatos, desapariciones y torturas”. El propio gobierno del Reino Unido advirtió sobre las restricciones de Ruanda a la libertad de prensa y a la sociedad civil producidas durante el año pasado.
Además, la situación de las personas LGBTQI+ en Ruanda es tan peligrosa que las personas han huido y solicitado asilo en el Reino Unido. En 2021, el Reino Unido otorgó asilo a cuatro refugiados ruandeses (tres hombres y una mujer), por lo que es contradictorio afirmar que es seguro enviar personas que buscan asilo a Ruanda.
Las personas LGTBI residentes en Ruanda enfrentan desafíos legales que no experimentan el resto de residentes. Si bien ni la homosexualidad ni los actos homosexuales son ilegales, la homosexualidad se considera un tema tabú y no existe una discusión pública significativa sobre este tema en ninguna región del país.
No se otorgan protecciones legislativas especiales a las personas residentes LGTBI, y los matrimonios entre personas del mismo sexo no son reconocidos por el Estado, ya que la Constitución de Ruanda establece que solo el matrimonio civil monógamo entre un hombre y una mujer es reconocido.
Las personas residentes LGTBI en Ruanda han informado que la policía las ha hostigado, chantajeado e incluso arrestado en virtud de diversas leyes que tratan sobre el orden público y la moralidad.
Si bien el ministro de justicia de Ruanda, Tharcisse Karugarama, ha afirmado que su Gobierno nunca ha tenido la intención de penalizar las relaciones homosexuales y que la orientación sexual es un asunto privado que depende de cada individuo, lo cierto es que no existen políticas públicas de protección configurando esa esfera privada como un estado de invisibilidad y no reconocimiento.
Por todo ello, consideramos que:
La práctica de procesamiento extraterritorial:
1.- Viola la Declaración Universal de Derechos Humanos; el derecho de buscar asilo y disfrutar del mismo en otros países cuando se huye de la persecución. Y el principio de no devolución, es decir, el derecho a no ser retornado a un país en el que la vida o la libertad del individuo estuviera amenazada.
2.- Ruanda no es un tercer “país seguro” para las personas LGTBI solicitantes de asilo, vulnerando sus derechos relacionados con los tratados internacionales en materia de asilo y refugio, poniendo en grave riesgo su vida y su integridad.
SOLICITAMOS el inmediato cese de esta política de deportación y la garantía de vías legales y seguras de entrada en Reino Unido para ejercer el derecho a la protección internacional de las personas en su territorio que así lo soliciten. Respetando el espíritu de la convención de Ginebra.
Instamos a la Unión Europea, al Congreso Español, su posicionamiento en contra de la práctica de políticas de procesamiento extraterritorial. Sobre todo prestar especial atención a colectivos vulnerables como el LGBTI+.
