La violencia contra las personas transgénero en Venezuela es una realidad que no puede seguir siendo ignorada. Así lo denuncian los activistas por los derechos del colectivo LGTBI, que exigen al Estado que acepte su propuesta de crear un protocolo de investigación que garantice la justicia para las víctimas de delitos “basados en prejuicios”. Según el Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, que lidera esta iniciativa, 93 mujeres trans fueron asesinadas en el país desde 2008, una cifra que evidencia la vulnerabilidad de este grupo social.
El protocolo que plantean los activistas busca incluir, entre los actuales mecanismos de investigación oficiales, componentes que permitan calificar como crímenes de odio aquellos hechos en los que las personas trans asesinadas sufren ensañamiento y exposición pública. Estos componentes se basan en parámetros internacionales que reconocen y castigan los “discursos basados en prejuicio”, los “incidentes basados en prejuicio”, los “crímenes por prejuicios” y los suicidios o violencia autoinflingida, asociados a la discriminación, la segregación o la exclusión.
Para lograr este objetivo, la organización y otros activistas solicitaron recientemente a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía establecer “mesas técnicas” para trabajar juntos en un protocolo que garantice el abordaje “multifactorial” de estos hechos y su prevención, una propuesta que aún espera respuesta. Según el activista y abogado Jeffrey Rodríguez, cofundador del observatorio, las investigaciones por crímenes de odio o de violencia de género no existen en Venezuela, por lo que es necesario garantizar que las agresiones por estas razones sean castigadas y la víctima “acompañada y respaldada”.
Rodríguez explicó que, a nivel legal, no hay una diferenciación entre un homicidio por motivos de odio y un homicidio simple, pero que los efectos que trae, no solo hacia la persona y sus familiares, sino también hacia la sociedad, son completamente distintos, porque hay cargas prejuiciosas, hay comportamientos que son reforzados por la misma sociedad. Por eso, considera que promover investigaciones que consideren el contexto social de las víctimas sería un paso importante para cambiar esta realidad.
En este sentido, el activista Yendri Velásquez, también miembro del observatorio, señaló que Venezuela no cuenta con una legislación que tipifique estos delitos “basados en prejuicios”, ya que “hay una invisibilización de los impactos” de la “violencia estructural, y terminan siendo delitos comunes” o se imputan “otros agravantes que no necesariamente atienden a una persona LGTBIQ”. Los defensores de derechos humanos aclaran que es responsabilidad del sistema de Justicia tipificar delitos como “crímenes de odio”, pero que la falta de voluntad política y de sensibilidad social dificultan este proceso.
La situación de las personas transgénero en Venezuela es especialmente grave, pues, en lo que va de año, la organización ha documentado 40 casos de agresiones y tres asesinatos, lo que ha encendido las alarmas de la comunidad. El observatorio recuerda que al menos 151 personas LGBTI sufrieron violencia o discriminación por identidad de género y orientación sexual durante el primer semestre de 2023 y que es urgente el acompañamiento institucional para proteger sus derechos humanos.
