Hoy se cumplen 12 años de la muerte de Samba Martine, la mujer congoleña que falleció en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en 2011, tras haber pedido asistencia médica hasta 10 veces y no recibir el tratamiento adecuado para su enfermedad. Su caso fue uno de los más emblemáticos de la situación de las personas migrantes en España, y marcó un antes y un después para la visibilización y la denuncia de los CIE, que fueron calificados como lugares de detención arbitraria, opacidad, maltrato y vulneración de derechos humanos.
Samba Martine era una mujer que huyó con su hija de apenas siete años de la zona más difícil de la República del Congo en busca de una vida mejor para ambas. Provenía de una familia de migrantes, y sus padres vivían en Montreal. Ante la imposibilidad de conseguirle un visado, le pagaron un viaje para que entrara en Europa de manera irregular (García, 2018).
Martine llegó a Melilla en agosto de 2011 y entró en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), donde permaneció tres meses, hasta el 12 de noviembre, cuando por sobreocupación del CETI, la trasladaron al CIE de Aluche en Madrid con la intención de expulsarla del país. En este CIE se le identificó con un número: el 3106 (García, 2018).
En Melilla, se le detectó que tenía VIH, pero esta información no se le comunicó ni a ella ni a los servicios sanitarios del CIE. Durante su estancia en el centro, Martine pidió asistencia médica hasta 10 veces, pero solo recibió analgésicos y antiinflamatorios. En ninguna de las visitas se le realizó una prueba de VIH ni se le diagnosticó su verdadera enfermedad. Tampoco se le facilitó un intérprete que le ayudara a expresar sus síntomas y a entender las indicaciones médicas (Amnistía Internacional, 2012).
El 19 de diciembre de 2011, Martine sufrió una hiperventilación y fue trasladada al Hospital 12 de Octubre, donde falleció horas después. La causa de la muerte fue una neumonía neumocócica, una infección derivada del VIH que se podría haber tratado con antirretrovirales si se hubiera detectado a tiempo (Amnistía Internacional, 2012).
El caso de Martine generó una gran polémica y una fuerte movilización social en contra de la existencia y las condiciones de los CIE, que fueron calificados como lugares de detención arbitraria, opacidad, maltrato y vulneración de derechos humanos. Varios colectivos y organizaciones exigieron el cierre de estos centros y el fin de las deportaciones forzosas.
La familia de Martine presentó una denuncia penal contra el Estado español por la responsabilidad de los médicos y funcionarios que atendieron a la mujer. El proceso judicial se alargó durante años, con varios recursos y comisiones rogatorias. Finalmente, en 2019, el juez absolvió al único médico acusado, pero criticó el tratamiento que recibió Martine y reconoció que hubo una falta de coordinación entre las administraciones implicadas (El País, 2019).
En 2020, el Gobierno español indemnizó a la familia de Martine con 150.000 euros, reconociendo la responsabilidad patrimonial del Estado en la muerte de la mujer, por las “deficiencias burocráticas” que la privaron de una atención médica adecuada (El Diario, 2020).
El caso de Martine fue uno de los más emblemáticos de la situación de las personas migrantes en España, y marcó un antes y un después para la visibilización y la denuncia de los CIE. Su nombre se convirtió en un símbolo de lucha y de memoria, y se le rindió homenaje en varias ocasiones, como en el barrio de Lavapiés de Madrid, donde se le dedicó una de las calles en el paseo reivindicativo y festivo que se realizó el 6 de marzo de 2022 (El Salto, 2022).
