El Mundial 2030 será una edición histórica, no solo por celebrarse el centenario del primer torneo, sino también por tener una sede compartida entre seis países de tres continentes: España, Portugal y Marruecos en Europa y África, y Uruguay, Argentina y Paraguay en América del Sur. Esta diversidad geográfica y cultural plantea un reto para la protección y el respeto de los derechos de las personas LGTBI, que varían considerablemente según el país anfitrión.
Según el informe de ILGA (la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), España es el cuarto país europeo con más derechos LGTBI, con un 74% de los puntos, y uno de los pioneros en el matrimonio igualitario y la adopción (ILGA-Europe, 2020). Portugal, que también reconoce el matrimonio y la adopción, ocupa el séptimo lugar, con un 66% (ILGA-Europe, 2020). Ambos países cuentan con leyes específicas para garantizar la igualdad y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como para facilitar el cambio de sexo en el Registro Civil (García, 2019; Silva, 2019).
Marruecos, en cambio, es uno de los 69 países del mundo que criminalizan la homosexualidad, castigándola con penas de prisión de hasta tres años (ILGA, 2019). Aunque no se aplica la pena de muerte, como en otros países islámicos, las personas LGTBI sufren una fuerte represión social y legal, y carecen de cualquier tipo de reconocimiento o protección (Human Rights Watch, 2018). Las organizaciones de derechos humanos denuncian casos de violencia, acoso, chantaje y detenciones arbitrarias contra el colectivo (Amnistía Internacional, 2019).
En el caso de los países sudamericanos, Uruguay es el más avanzado en materia de derechos LGTBI, ocupando el primer puesto en América Latina y el noveno en el mundo, con un 73% (ILGA, 2019). Uruguay fue el segundo país de la región, después de Argentina, en aprobar el matrimonio igualitario y la adopción, y también cuenta con leyes de identidad de género, salud integral trans y educación sexual (MIDES, 2019). Argentina, que ocupa el puesto 14, con un 68%, tiene una de las leyes de identidad de género más progresistas del mundo, que permite el cambio de nombre y sexo sin requisitos médicos ni judiciales (Infojus, 2012). Paraguay, por su parte, es el país más rezagado de los tres, situándose en el puesto 40, con un 31% (ILGA, 2019). Aunque no criminaliza la homosexualidad, tampoco reconoce el matrimonio ni la unión civil entre personas del mismo sexo, ni permite el cambio de identidad legal (SomosGay, 2019). Además, las personas LGTBI enfrentan una fuerte discriminación y estigmatización social (ONU, 2019).
El Mundial 2030, por tanto, será una oportunidad para visibilizar y reivindicar los derechos LGTBI en los países sede, así como para promover el diálogo y la tolerancia entre las diferentes culturas y realidades. También será un desafío para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas LGTBI que participen o asistan al evento, tanto en el ámbito deportivo como en el social. La FIFA, como organizadora del torneo, tendrá un papel clave para velar por el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación que establece su propio estatuto.
