El gobierno del Reino Unido ha presentado un proyecto de ley que busca expulsar a los solicitantes de asilo a Ruanda, un país que no garantiza la protección de los derechos humanos, especialmente de las personas LGTBI. El proyecto de ley también limita el papel de los tribunales del Reino Unido para revisar las decisiones de expulsión, lo que supone una afrenta al Estado de derecho y a la separación de poderes.
El proyecto de ley de seguridad de Ruanda (asilo e inmigración) de 2023 se basa en un tratado firmado entre el Reino Unido y Ruanda, que pretende abordar las preocupaciones expresadas por la Corte Suprema del Reino Unido en el caso AAA contra SSHD. En esta sentencia, el tribunal declaró que Ruanda no era un país seguro para expulsar a los solicitantes de asilo, tanto por el riesgo de daño que estas personas enfrentarían en Ruanda como por el riesgo de que fueran expulsadas de Ruanda a sus países de origen donde sufrirían daños.
Sin embargo, el proyecto de ley cuestiona directamente esta decisión judicial y declara que Ruanda es un país seguro, sin tener en cuenta los cambios significativos que serían necesarios en los procedimientos y la cultura de Ruanda para garantizar la seguridad de las personas expulsadas. Además, el proyecto de ley prohíbe a los tribunales del Reino Unido considerar que Ruanda no es segura o que existe el riesgo de que las personas sean expulsadas de Ruanda a un tercer Estado o a su país de origen. Solo se permite una revisión judicial muy limitada cuando hay pruebas convincentes de que las circunstancias individuales de una persona implican que existe un riesgo real de sufrir daños en Ruanda.
Esta limitación del escrutinio judicial es especialmente preocupante para las personas LGTBI, que son uno de los grupos más vulnerables y perseguidos en el mundo. Según la diversidad sexual en Ruanda, la homosexualidad no está penalizada en este país, pero tampoco está protegida legalmente. Las personas LGTBI se enfrentan a la discriminación, el estigma, la violencia y la falta de acceso a servicios de salud y educación. Además, Ruanda es signataria de la declaración conjunta de las Naciones Unidas que condena la violencia contra las personas LGTBI, pero contrasta con los países vecinos como Uganda, Tanzania y Burundi, que han adoptado leyes que criminalizan la homosexualidad, imponen penas de muerte o promueven terapias de conversión.
El proyecto de ley de seguridad de Ruanda del Reino Unido también entra en conflicto con la legislación española que reconoce y garantiza los derechos de las personas LGTBI. El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que introduce medidas de acción positiva, protección contra la discriminación y reconocimiento de la identidad de género. Esta ley se suma a otras normas que han evolucionado desde la despenalización de la homosexualidad en 1978 hasta la aprobación del matrimonio igualitario en 2005.
El proyecto de ley de seguridad de Ruanda del Reino Unido ha generado una fuerte oposición entre la comunidad de profesionales y defensores de los refugiados, pero también entre los sectores que defienden el Estado de derecho y la separación de poderes. El gobierno del Reino Unido ha sido acusado de actuar de forma autoritaria y de colocarse por encima de la ley, usurpando el papel de los tribunales y desafiando el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El futuro de este proyecto de ley dependerá de las enmiendas que se propongan tras un mayor escrutinio en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores en enero. Mientras tanto, la pregunta que queda es: ¿a quién vendrán después?
