El Tribunal Supremo de Rusia declara al movimiento LGTBI como “extremista” y lo prohíbe
El Tribunal Supremo de Rusia ha dado luz verde a la petición del Ministerio de Justicia de catalogar como “extremista” al “movimiento internacional cívico LGTBI”, lo que supone su prohibición y la persecución de sus activistas y simpatizantes. La medida, que equipara al colectivo con organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al Qaeda, es la última de una serie de leyes represivas contra las personas LGTBI en el país.
Según la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, el movimiento LGTBI viola las leyes que penalizan el extremismo y la incitación al odio social y religioso. El Tribunal Supremo ha aceptado la moción y ha programado la vista para el 30 de noviembre, aunque se espera que siga la línea marcada por el Kremlin, que ha defendido que los derechos del colectivo están protegidos por la ley.
Sin embargo, la realidad es que las personas LGTBI en Rusia se enfrentan a una creciente discriminación y violencia, tanto por parte de las autoridades como de grupos radicales. En los últimos años, el gobierno de Vladimir Putin ha aprobado varias leyes que restringen la libertad de expresión y de asociación de este colectivo, como la que prohíbe la “propaganda homosexual” entre menores, la que impide el cambio de sexo o la que veta el matrimonio igualitario.
Estas leyes han tenido un efecto negativo en la salud, la educación y la seguridad de las personas LGTBI, que sufren acoso, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Organismos internacionales como la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han condenado a Rusia por violar los derechos humanos de este colectivo y han instado al país a derogar las leyes homófobas y a investigar los abusos cometidos.
La situación de las personas LGTBI en Rusia contrasta con la de otros países europeos, donde se han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos y se han celebrado actos de apoyo y solidaridad. En España, por ejemplo, se ha aprobado recientemente una ley integral de igualdad LGTBI que garantiza la autodeterminación de género, la atención sanitaria, la educación inclusiva y la protección contra la discriminación y los delitos de odio.
Además, España se ha convertido en un destino de acogida para muchas personas migrantes y refugiadas LGTBI que huyen de la persecución en sus países de origen, como Rusia. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en 2020 se registraron 3.795 solicitudes de asilo por motivos de orientación sexual o identidad de género, de las cuales 1.055 fueron de ciudadanos rusos.
Estas personas buscan en España una oportunidad de vivir con dignidad y libertad, lejos del miedo y la represión. Sin embargo, también se enfrentan a dificultades para acceder a los recursos de acogida, integración y protección, así como a situaciones de vulnerabilidad, exclusión y xenofobia. Por eso, es necesario que la sociedad española se sensibilice y se movilice en favor de los derechos de las personas LGTBI, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
