La situación de las personas LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales) en los países de Europa del este es cada vez más preocupante. A pesar de que la Unión Europea (UE) ha fomentado la igualdad y la protección de los derechos de este colectivo durante los últimos veinticinco años, algunos países miembros han adoptado medidas discriminatorias y represivas que vulneran los principios fundamentales de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Entre los países que más han retrocedido en materia de derechos LGTBI se encuentran Hungría y Polonia, donde altos dirigentes políticos y medios de comunicación han impulsado una campaña de hostigamiento y estigmatización contra la comunidad LGTBI. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán aprobó en junio de 2021 una ley que prohíbe la difusión de contenidos sobre la homosexualidad y la transexualidad entre menores de edad, bajo el pretexto de combatir la pedofilia. Esta ley ha sido duramente criticada por varias organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTBI, que la consideran una forma de censura y de violación del derecho a la educación y a la información. En Polonia, más de un centenar de municipios se han declarado “zonas libres de ideología LGTBI”, lo que implica la negación de fondos y servicios públicos a las personas y organizaciones que defienden la diversidad sexual y de género. Estas zonas han sido condenadas por el Parlamento Europeo, que las ha calificado de “zonas sin humanidad”.
La situación de las personas LGTBI en otros países de Europa del este tampoco es mucho mejor. Según el informe Rainbow Europe de 2021, elaborado por la organización ILGA-Europe, los países que menos protegen los derechos de este colectivo son Moldavia, Ucrania, Letonia, Grecia, Italia, Suiza y Polonia. El informe advierte del aumento de la violencia contra las personas LGTBI, especialmente las transgénero e intersexuales, que se enfrentan a una “enorme represión violenta” y a obstáculos jurídicos persistentes. El informe también señala que la pandemia de la COVID-19 ha agravado la situación de vulnerabilidad y exclusión social de las personas LGTBI, que han visto reducidos sus espacios de apoyo y expresión.
Ante este panorama, la UE ha reaccionado con diversas iniciativas para defender los derechos de las personas LGTBI y sancionar a los países que los incumplen. En noviembre de 2020, la Comisión Europea presentó la primera Estrategia de Igualdad LGTBIQ para el período 2020-2025, que tiene como objetivo garantizar la seguridad, la igualdad y el respeto de la diversidad en toda la UE. Entre las medidas propuestas se encuentran el reconocimiento mutuo de las relaciones familiares entre los Estados miembros, la inclusión de los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género en la legislación europea, y el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos LGTBI. Además, la UE ha condicionado el acceso a los fondos europeos al respeto del Estado de derecho y de los derechos fundamentales, lo que podría suponer una reducción de las ayudas a los países que discriminan al colectivo LGTBI.
La situación de las personas LGTBI en los países de Europa del este es un desafío para la cohesión y la integración europeas, así como para la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. Es necesario que la UE y la sociedad civil sigan presionando a los gobiernos que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas LGTBI, y que se fomente el diálogo y la educación para combatir los prejuicios y los estereotipos que alimentan la discriminación y la violencia.
