¿Qué ha supuesto el primer año de la ley trans y LGTBI para el colectivo migrante?
El 16 de febrero de 2023 se aprobó la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como ley trans y LGTBI. Esta ley permitió la autodeterminación de género a partir de los 14 años, es decir, que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de informes médicos ni psicológicos, así como garantizar la igualdad y la no discriminación del colectivo LGTBI en todos los ámbitos1.
Esta ley supuso un avance histórico para los derechos del colectivo LGTBI en España, que ya contaba con una legislación pionera en el mundo. Desde 1978, la homosexualidad dejó de ser considerada un delito en España, y desde 2005, se reconoce el derecho al matrimonio igualitario y a la adopción para las parejas del mismo sexo2. Además, desde 2007, las personas trans podían cambiar su nombre y sexo legal mediante un procedimiento administrativo, aunque con requisitos que la nueva ley eliminó3.
Sin embargo, la igualdad legal no implica la igualdad real, y el colectivo LGTBI sigue sufriendo discriminación y violencia en la sociedad española. Según el informe del Ministerio del Interior, en 2019 se registraron 278 delitos de odio por motivo de orientación sexual o identidad de género, lo que supone el 18,5% del total de delitos de odio4. Además, según el informe de la asociación Identidad y Diversidad, el 43% de las personas LGTBI ha sufrido algún tipo de acoso o agresión en el ámbito educativo, el 30% en el laboral y el 26% en el sanitario[5][5].
Estas situaciones de discriminación y violencia se agravan en el caso de las personas migrantes LGTBI, que sufren una doble vulnerabilidad por su condición de extranjeras y por su orientación sexual o identidad de género. Según el informe de la asociación Kifkif, el 80% de las personas migrantes LGTBI ha sufrido algún tipo de violencia en España, y el 60% ha tenido dificultades para acceder a recursos sociales, sanitarios o jurídicos6. Además, muchas de estas personas huyen de sus países de origen por la persecución que sufren por su orientación sexual o identidad de género, y se encuentran con obstáculos para solicitar asilo o regularizar su situación en España7.
Por todo ello, el primer año de la ley trans y LGTBI ha supuesto un cambio positivo para el colectivo migrante LGTBI, que ha visto reconocidos sus derechos y su identidad, así como mejorada su protección y su integración social y laboral. Sin embargo, aún quedan retos pendientes, como la sensibilización y la educación en la diversidad, la lucha contra la LGTBIfobia, el apoyo a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y la inclusión de las personas no binarias, que quedaron fuera de la ley. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas, independientemente de su origen, sexo o género.
